La acusación está fundada en los documentos públicos que surgieron del pedido de la Presidenta de la Nación de desclasificar la información referida a 4300 agentes militares y civiles que integraban el Batallón n°601, dicha lista puede consultarse, en forma íntegra, en el Archivo Nacional de la Memoria. Quienes se presentan como querellantes son Hugo Blasco en representación de la CTA junto al Sindicato de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines (SITRAIC-CTA), la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Centro de Abogados por los Derechos Humanos, Liberpueblo, la Agrupación por el esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA), el Movimiento Territorial Liberación, la Asociación Gremial Docente de la UBA, los Vecinos de San Cristóbal contra la impunidad, el Colectivo Popular por los Derechos Humanos del Movimiento Popular La Dignidad, todos con el patrocinio de la Coordinadora contra la represión policial e institucional (CORREPI), el Centro de profesionales por los derechos humanos (CEPRODH) y la Coordinadora antirrepresiva por los derechos del pueblo (CADEP).
En la conferencia de prensa que brindaron las organizaciones querellantes, este martes 12 de julio en horas del mediodía, se acentuó que el organismo al que pertenecía Gerardo Alberto Martínez, el Batallón n°601, fue definido judicialmente como “asociación ilícita en el marco del conjunto del plan criminal genocida implementado por el estado argentino durante la última dictadura militar, lo que constituye, por sí mismo, un delito suficiente como para que se dicte la inmediata detención y declaración indagatoria del imputado”.
Especialista en infiltración
Según se expresa en el documento que preparó la querella, el Batallón n°601 no se limitaba a realizar tareas de inteligencia. Por debajo de su estructura existía la llamada Central de Reunión, que tenía a cargo “Grupo de Tareas” periféricos. La información que recolectaban se transmitía a la Central y posteriormente al Batallón, desde donde se organizaban e implementaban los operativos, comandados por la dependencia de cada zona y se sometía a las personas secuestradas a torturas durante los “interrogatorios”. Los procedimientos en los que se especializaba el Batallón n°601, del que formó parte Gerardo Martínez, eran las tácticas de infiltración, seguimientos, secuestros, torturas y desaparición final mediante el asesinato de los cautivos y ocultamiento o destrucción de sus cuerpos.
En el extenso escrito que se le presentó al Juez Torres se expresa que la impunidad del referente de la UOCRA sigue en nuestros días cuando se acude a las “patotas” como forma de disciplinamiento de la protesta, a través de una suerte de “privatización” o “tercerización” de la función cumplida tradicionalmente por las fuerzas armadas o de seguridad. Ejemplo de este accionar es la agresión que se dio el 20 de octubre de 2010 contra los trabajadores tercerizados del FFCC Roca, episodio en el que perdió la vida Mariano Ferreyra, o el hecho sucedido el 12 de abril en la provincia de Santa Cruz cuando un grupo de matones vinculados atacó a los trabajadores docentes y de la salud que llevaban adelante un reclamo.
Desde la CTA exigimos que la justicia actúe inmediatamente ante esta denuncia ya que entendemos que personajes como Gerardo Martínez afectan a la vida institucional y democrática de nuestro país.
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