Gerardo Martínez fue agente de inteligencia durante la dictadura

El máximo dirigente de Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA-CGT) fue denunciado, ante el Juzgado Federal 9 del magistrado Sergio Gabriel Torres, por haber formado parte, como Personal Civil de Inteligencia (PCI), del Batallón n°601 en el período 1976/1983, o sea durante la etapa en que gobernó bajo el terrorismo de estado la dictadura cívico-militar. Gerardo Martínez es actualmente Secretario de Relaciones Internacionales de la CGT y recientemente avalado para un segundo mandato como Miembro del Consejo de Administración de la OIT.

La acusación está fundada en los documentos públicos que surgieron del pedido de la Presidenta de la Nación de desclasificar la información referida a 4300 agentes militares y civiles que integraban el Batallón n°601, dicha lista puede consultarse, en forma íntegra, en el Archivo Nacional de la Memoria.

Quienes se presentan como querellantes son Hugo Blasco en representación de la CTA junto al Sindicato de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines (SITRAIC-CTA), la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Centro de Abogados por los Derechos Humanos, Liberpueblo, la Agrupación por el esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA), el Movimiento Territorial Liberación, la Asociación Gremial Docente de la UBA, los Vecinos de San Cristóbal contra la impunidad, el Colectivo Popular por los Derechos Humanos del Movimiento Popular La Dignidad, todos con el patrocinio de la Coordinadora contra la represión policial e institucional (CORREPI), el Centro de profesionales por los derechos humanos (CEPRODH) y la Coordinadora antirrepresiva por los derechos del pueblo (CADEP).

En la conferencia de prensa que brindaron las organizaciones querellantes, este martes 12 de julio en horas del mediodía, se acentuó que el organismo al que pertenecía Gerardo Alberto Martínez, el Batallón n°601, fue definido judicialmente como “asociación ilícita en el marco del conjunto del plan criminal genocida implementado por el estado argentino durante la última dictadura militar, lo que constituye, por sí mismo, un delito suficiente como para que se dicte la inmediata detención y declaración indagatoria del imputado”.

Especialista en infiltración

Según se expresa en el documento que preparó la querella, el Batallón n°601 no se limitaba a realizar tareas de inteligencia. Por debajo de su estructura existía la llamada Central de Reunión, que tenía a cargo “Grupo de Tareas” periféricos. La información que recolectaban se transmitía a la Central y posteriormente al Batallón, desde donde se organizaban e implementaban los operativos, comandados por la dependencia de cada zona y se sometía a las personas secuestradas a torturas durante los “interrogatorios”. Los procedimientos en los que se especializaba el Batallón n°601, del que formó parte Gerardo Martínez, eran las tácticas de infiltración, seguimientos, secuestros, torturas y desaparición final mediante el asesinato de los cautivos y ocultamiento o destrucción de sus cuerpos.

En el extenso escrito que se le presentó al Juez Torres se expresa que la impunidad del referente de la UOCRA sigue en nuestros días cuando se acude a las “patotas” como forma de disciplinamiento de la protesta, a través de una suerte de “privatización” o “tercerización” de la función cumplida tradicionalmente por las fuerzas armadas o de seguridad. Ejemplo de este accionar es la agresión que se dio el 20 de octubre de 2010 contra los trabajadores tercerizados del FFCC Roca, episodio en el que perdió la vida Mariano Ferreyra, o el hecho sucedido el 12 de abril en la provincia de Santa Cruz cuando un grupo de matones vinculados atacó a los trabajadores docentes y de la salud que llevaban adelante un reclamo.

Desde la CTA exigimos que la justicia actúe inmediatamente ante esta denuncia ya que entendemos que personajes como Gerardo Martínez afectan a la vida institucional y democrática de nuestro país.

* Secretario de Comunicación y Difusión de la CTA Capital

Iturraspe: “Los diputados llevaremos la Comisión de Derechos Humanos a Berazategui”

Vecinos de Berazategui y diputados nacionales realizaron una conferencia de prensa en la que denunciaron las graves agresiones que sufrieron la madrugada del 2 de mayo por parte de agentes de seguridad no identificados, y hablaron de su larga lucha de seis años por la relocalización de la planta transformadora de EDESUR. Algunos de los vecinos presentes mostraron sus fracturas de brazo, fisuras en la mano, contusiones en las cervicales por ser apaleados en la columna, y golpes en el rostro.

La diputada Graciela Iturraspe, autora del proyecto de declaración que repudia las agresiones, dijo que “como diputados nacionales nos constituiremos la semana próxima con la Comisión de Derechos Humanos en el mismo barrio San Francisco. También vamos a convocar a autoridades del ENRE, autoridades de EDESUR e invitaremos a Mussi para ver si quiere acompañarnos y escuchar la problemática de los vecinos. Lo grave de esta situación es que nadie se hace cargo de la intervención policial (digo policial por el tipo de uniforme, pero no estaban identificados) y tampoco hay ningún juez ni fiscal que se responsabilice de haber pedido la orden de desalojo”.

Estuvieron presentes en la conferencia los diputados Graciela Iturraspe, Eduardo Macaluse y Verónica Benas del bloque SI por la Unidad Popular, Victoria Donda de Libres del Sur, Alcira Argumedo de Proyecto Sur y los dirigentes Vilma Ripoll y Mario Mazzittelli.

Proyecto de Declaración en repudio por las agresiones sufridas por los vecinos de Berazategui

La Diputada Nacional Graciela Iturraspe, acompañada por los Diputados Eduardo Macaluse, Verónica Benas, Claudio Lozano, Liliana Parada, Victoria Donda Perez, Ricardo Cuccovillo, Horacio Alcuaz presentaron el Proyecto de Declaración en el que se expresa el ” más enérgico repudio por las graves agresiones sufridas por los vecinos del Barrio San Francisco de Berazategui, por parte de fuerzas de seguridad sin identificación”.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

En horas de la noche del día 1 de mayo del corriente vecinos del Barrio San Francisco de la Localidad de Berazategui se encontraban junto a algunas Organizaciones Sociales, realizando una vigilia en la esquina de las calles 145 y 21 de ese municipio, para impedir que EDESUR avance con las obras de la Subestación Eléctrica “Rigolleau” en el casco urbano, solicitando su relocalización.

Fuerzas de Seguridad sin identificación ni orden de desalojo de la vereda, ya que no había nadie cortado alguna calle, irrumpió ante los vecinos que estaban en las veredas de sus casas y a golpes los arrastraron alejándolos en forma violenta de sus propias viviendas, sobre las cuales la empresa eléctrica pretende instaurar la fuente de contaminación.

Como saldo de la represión hay decenas de vecinos heridos que fueron atendidos en el Hospital de la Zona, por ejemplo algunos con fuertes golpes en la cabeza, otro, con un brazo roto por un palazo policial y los dedos de una mano fisurados y además dos detenidos, que fueron alojados en la comisaría primera de Berazategui, luego liberados.

Las fuerzas policiales supuestamente provenientes de otras jurisdicciones de la Provincia de Buenos Aires, ya que reiteramos se encuentran incluso hoy sin ningún tipo de identificación, mantienen hace dos semanas el barrio sitiado, cortando la circulación por las calles y veredas del lugar para supuestamente “Proteger” a los trabajadores que contratados por la empresa eléctrica realizan el zanjeado para la conexión de la subestación, que generará 132.000 voltios de energía y enfermará mediante la contaminación electromagnética a cientos de habitantes que viven alrededor.

Consideramos fundamental resguardar el derecho de todos y cada uno de los habitantes de nuestra Nación a manifestarse pacíficamente, con el fin de hacer conocer sus derechos y reclamos ante su desconocimiento, como es el caso de la vulneración a un medio ambiente sano tal cual reza nuestra Constitución Nacional y dado que hechos como estos lamentablemente ocurrieron en nuestro país, en épocas donde reinaba la intolerancia y el cercenamiento a la libertad de expresión, es que este cuerpo no puede dejar de expresar su repudio.

Por todas las consideraciones expuestas, Señor Presidente, es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración.